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Viviendas en Humedal Paicaví: empresa pide prórroga para responder a observaciones ambientales

A casi un año de su ingreso al SEA, el proyecto Parque Solidario se mantiene en suspenso, entre tensiones institucionales, reclamos ciudadanos y denuncias ambientales.

Por: Eduardo Bascuñán

El pasado 10 de diciembre de 2024 ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el proyecto “Habitacional Social DS 49 MINVU, Parque Solidario, Sandra Oliva I y II”, impulsado por la empresa Servicios Financieros e Inmobiliarios Credyhogar Limitada.

La iniciativa contempla la construcción de 500 departamentos distribuidos en 13 torres de cinco pisos, agrupadas en tres condominios, junto a 424 estacionamientos vehiculares, 240 para bicicletas, áreas verdes, equipamiento y locales comerciales, en una superficie total de 3,4 hectáreas.

El punto de conflicto radica en su emplazamiento: el proyecto se ubicaría en un área colindante al Sitio Prioritario de Conservación “Rocuant-Andalién–Vasco da Gama–Paicaví–Tucapel”, de 1.855 hectáreas protegidas, y dentro del perímetro donde actualmente se tramita una solicitud de declaratoria de humedal urbano.

Vale mencionar que, dentro de las áreas que se buscan intervenir, estas ya cuentan con la protección legal como Sitio Prioritario, además de áreas que ya están consideradas como humedal urbano y otras que se encuentran en su segundo proceso de solicitud de declaratoria.

Prórroga en evaluación y conflicto con el municipio

Este viernes 17 de octubre vence el plazo para que la empresa responda las más de 360 observaciones realizadas durante el proceso de Participación Ciudadana (PAC). Sin embargo, la inmobiliaria solicitó al SEA una prórroga que extienda la suspensión del proceso hasta el 12 de junio de 2026, argumentando dificultades logísticas y técnicas.

En un oficio dirigido a la directora regional del SEA, la empresa justificó la solicitud señalando que “debido a inconvenientes con la respectiva Municipalidad (de Concepción) para realizar las calicatas y sondajes en los lotes L-1 y L-2, se requiere un mayor tiempo al otorgado para poder coordinar adecuadamente las gestiones necesarias y ejecutar los trabajos de terreno y laboratorio que permitan ejecutar el Estudio de Mecánica de Suelos conforme a los requisitos establecidos por la Autoridad”.

Asimismo, añadieron que no contaban con tiempo suficiente para responder las observaciones ciudadanas dentro del plazo inicial.

Durante la jornada matutina de este pasado miércoles, un grupo de dirigentes de la Federación Nacional de Pobladoras y Pobladores del Biobío (Fenapo) se manifestó frente al municipio penquista, denunciando que algunas direcciones municipales estarían “obstaculizando la entrega de permisos” para ingresar al terreno, lo que estaría “demorando el proceso de evaluación ambiental”.

Ante ello, el alcalde Héctor Muñoz convocó a una reunión con los dirigentes para el viernes 17, donde se acordó crear una mesa de trabajo entre la Municipalidad y la empresa.

Al respecto, el administrador municipal, Boris Negrete, explicó que “se acordó generar una mesa, entre el municipio, con sus direcciones involucradas (Administración Municipal, Medio Ambiente y Jurídico) y ellos, a efectos de revisar y consensuar la forma en que se realizará la mecánica de suelos que está aún pendiente”.

Además, precisó que “el alcalde manifestó voluntad a que esto se pueda realizar, y por lo tanto la función de la mesa es el consensuar el cómo esto se puede realizar, respetando la normativa medioambiental, pero permitiendo la realización de este estudio del estado del suelo”.

Comités de vivienda versus Dirección de Medio Ambiente

Desde los comités de vivienda, Ronald Valenzuela, presidente del comité Luchando en el Proyecto Sandra Oliva Jiménez I, aseguró que “desde el departamento de Medio Ambiente del municipio se nos empieza a negar estos estudios”, refiriéndose a las calicatas y sondajes que requieren maquinaria pesada y excavaciones antropológicas para identificar posibles vestigios culturales.

Según el dirigente, “eso es lo que se nos está negando. Eso ha llevado a que tengamos que pedir la prórroga, porque los estudios esos los intentamos hacer desde el año pasado, desde que ingresamos la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), empezamos a trabajar en estas líneas de base que requieren los estudios para poder llevar a cabo el proyecto”.

Consultado sobre los argumentos del municipio, Valenzuela afirmó que “la oficina en cuestión se encuentra luchando para que este terreno sea protegido”.

A lo que se refiere es a la solicitud de declaratoria de humedal urbano que impulsa el municipio y organizaciones ambientales. Por ello, la Fenapo presentó un recurso ante la Contraloría General de la República, denunciando que “este tipo de procedimientos es arbitrario y fuera de la legalidad”.

Ambientalistas denuncian ingreso irregular al humedal

Desde el mundo ambientalista, el relato es completamente distinto. Camilo Lorenzetti, integrante de la Agrupación de Amigos del Humedal Paicaví, afirmó que “jamás se ingresaron los permisos pertinentes para realizar el estudio de suelo”.

El ambientalista sostuvo que existen registros de multas cursadas a la empresa por ingresar maquinaria sin autorización al humedal, lo que constituye una infracción a la ordenanza municipal de humedales de Concepción.

“El humedal Paicaví tiene grandes sectores, aún con declaratoria de Humedal Urbano, y por lo tanto lo que rige en él es la ordenanza de humedales vigente en Concepción, y esa ordenanza de humedales no está siendo respetada por la gente de la empresa. Se la han saltado y han llegado a terreno a hacer sus estudios sin contar con los permisos que la legislación actual de Concepción exige”, señaló.

Lorenzetti agregó que “hay una desinformación por parte de la empresa al respecto, y un ánimo de culpar al municipio por los retrasos que han tenido, cuando el municipio lo único que ha hecho es valer la ordenanza de humedales vigente”.

De acuerdo con los antecedentes de la Dirección de Medio Ambiente (DMA), el 27 de marzo de 2025 inspectores municipales constataron el ingreso de “dos camionetas cargadas de equipos pesados (tecles y otras herramientas)” al humedal Paicaví —ya declarado como humedal urbano por el Ministerio del Medio Ambiente—, cursando una multa a la empresa responsable.

El documento añade que esta era la segunda infracción, señalando “el daño ambiental que causan con la intervención del humedal, sin informar ni respetar las medidas de protección ambiental”.

Un debate aún abierto

A casi un año de su ingreso al SEA, el proyecto Parque Solidario se mantiene en suspenso, entre tensiones institucionales, reclamos ciudadanos y denuncias ambientales.

Mientras los comités de vivienda exigen destrabar el proceso para concretar sus anheladas casas, los ambientalistas insisten en respetar la normativa que protege los humedales urbanos.

Por ahora, la decisión del SEA sobre la extensión de plazo solicitada por Credyhogar marcará el futuro inmediato de uno de los proyectos más controversiales en la intersección entre la necesidad habitacional y la conservación ambiental del Gran Concepción.